El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), se unió a la firma del convenio interinstitucional para la implementación del Operador Económico Autorizado (OEA) en zonas primarias de operación aduanera en la República de Guatemala.
El OEA es una herramienta destinada a empresas y operadores de comercio internacional, basado en la confianza entre el servicio aduanero y el actor, quien debe cumplir requisitos de seguridad para facilitar el comercio internacional.
Este convenio permitirá trabajar en conjunto la gestión de riesgo, evitando la duplicidad de actividades, a través de la comunicación y coordinación, reduciendo tiempos de despacho para las operaciones realizadas por las empresas habilitadas. Esto redunda en reducción de costos y una mayor competitividad en mercados internacionales.
En el caso del MAGA, que tiene a su cargo garantizar la Sanidad agropecuaria y zoosanitaria mediante inspecciones a embarques que ingresan al país, con el OEA podrá agilizar los controles para proteger de plagas y enfermedades el patrimonio guatemalteco.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, comentó que el país cuenta ya con al menos 100 Operadores Económicos Autorizados, lo que ofrece una ventana de competitividad internacional.
“La firma de este convenio es parte del seguimiento y cumplimiento del pilar de Economía y Competitividad de la política general de mi Gobierno. Por lo tanto, con ello estamos facilitando el comercio y cumpliendo con normativas internacionales”, afirmó Giammattei.
La persona individual o jurídica que quiera habilitarse como OEA, previo a presentar su solicitud de habilitación, debe cumplir varios requisitos, entre ellos: tener tres años consecutivos de operaciones de comercio internacional en Guatemala, contar con un Sistema de Gestión en Control y Seguridad, entre otros.
La firma de este convenio interinstitucional se dio en el marco del “V Congreso Internacional OEA-GT 2023, con el lema “Unidos por la competitividad y facilitación del comercio en Guatemala” y fue suscrito por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Gobernación y Salud Pública y Asistencia Social.