El presidente Alejandro Giammattei ratificó que se hará justicia y se castigará con la ley a los responsables de la violencia ocurrida en los municipios de  Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá.

El mandatario se refirió el pasado 9 de enero en un mensaje a la nación a las investigaciones del Ministerio Público (MP) en los casos del pasado 17 de diciembre y del último viernes, que dejaron más de una docena de fallecidos, incluidos menores, mujeres y agentes de la policía, y numerosos heridos, principalmente por arma de fuego.

Según las pesquisas del MP, los ataques en ambos casos “fueron cometidos por un grupo ilegal armado que opera en el área entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán”, y que el viernes costaron la vida a un inspector de la policía, que “murió en el cumplimiento del deber con la defensa de la ley, así como de la vida y de la seguridad de los guatemaltecos”.

“Deseo expresarle mis más profundas condolencias a la familia del inspector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Canahuí Tista, quien falleció por disparos de armas de fuego utilizadas por personas que buscan generar confrontación” entre las comunidades, afirmó el gobernante, quien estuvo acompañado durante la transmisión por los ministros de Gobernación, Gendri Reyes, y de la Defensa, general Henry Reyes Chigua.

Destacó además que seguía con atención la evolución de la salud de los nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que sufrieron heridas por arma de fuego, uno con arma blanca y 40 por objetos contundentes, además de dos fiscales del MP que también resultaron heridos.

En el primer caso, de diciembre de 2021, un grupo armado ilegal interceptó violentamente el paso de pobladores y unidades de la PNC que realizaban labores de seguridad. El ataque contra vecinos y agentes del orden causó 13 muertes (nueve adultos, tres menores y un agente de la policía).

El pasado viernes, mientras se efectuaban diligencias judiciales de allanamiento solicitadas por el MP y autorizadas por órgano competente, “pobladores que actuaron al margen de la ley arremetieron, con armas de fuego y objetos contundentes, contra las fuerzas de seguridad y funcionarios”.

“Hoy reitero mi rechazo a la violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado cometida el viernes siete de enero en las comunidades de Pachutiquim y Tzanjuyub, quienes acompañaban al MP para ejecutar diligencias judiciales, allanamientos y órdenes de captura en contra de los responsables de la masacre del pasado 17 de diciembre”, indicó el gobernante.

Gobierno refuerza medidas de seguridad y acciones contra criminales

De acuerdo con las investigaciones del MP, las acciones anteriores que atentaron en contra de la vida de la población y agentes del orden causaron la muerte del inspector de la PNC, diez heridos por arma de fuego, y 40 por golpes contundentes, además de daños materiales a vehículos y otras unidades de gobierno.

El gobierno aclaró que se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos ante los sucesos violentos en la región de ambos municipios, pero “lamentablemente nunca acudió a cumplir con su mandato como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala”.

“He girado instrucciones para reforzar las medidas de seguridad en la zona, que se encuentra bajo estado de sitio desde el pasado 20 de diciembre con el fin de restaurar la seguridad y devolver la tranquilidad a los habitantes, con pleno respeto a sus derechos fundamentales, y para profundizar las investigaciones que permitan judicializar los actos ilegales”, puntualizó el presidente Giammattei.

Resaltó que las autoridades han identificado a algunos de los responsables de los hechos del pasado 17 de diciembre, “así como de otras personas relacionadas con actividades criminales y que son responsables de la inestabilidad que se vive en la zona y de los ataques contra las autoridades”.

Instó a la población a que contribuya en la investigación del MP y brinde información “que lleve a la captura de los supuestos responsables para presentarlos ante los tribunales de justicia y que los hechos no queden en la impunidad”.

Al respecto, anunció que el Ministerio de Gobernación, con el fin de agilizar la localización y captura de los responsables de la violencia armada, ofrecerá una recompensa de 50 mil quetzales por la información, cuya confidencialidad se garantiza, que lleve a la captura de los criminales.

“Mi gobierno ratifica su compromiso de respetar el Estado de derecho, el respeto a los Derechos Humanos”, así como cumplir las acciones que sean necesarias para “garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos”.

Este lamentable hecho que vivimos el siete de enero no quedará en la impunidad, en tanto que los orígenes del conflicto que datan de 1863 “seguirán siendo atendidos de manera que podamos definir los límites de ambos municipios y la población pueda aspirar a vivir en paz y ser productiva”, reiteró el presidente Giammattei.

Dijo que la solución del conflicto entre los dos municipios de Sololá se gestiona en mesas de diálogo entre funcionarios, alcaldes y representantes de las comunidades, y que este domingo se reunieron delegados de las aldeas de Pachuquitim de Nahualá y aldea Chiquisis de Santa Catarina Ixtahuacán, quienes acordaron “una hoja de ruta para resolver las diferencias territoriales y la libre movilidad en la carretera que ambas comunidades comparten”.